Tras el fallo de la Corte , se avanzará con proyectos para incautar bienes de los narcos.
El fallo de la Corte tronó sobre el Gobierno con el peso que antes tuvieron otros en los que los supremos le dijeron al Poder Ejecutivo lo que debe hacer. Ahora, parados sobre el complejo tema de las drogas, los jueces indican al Estado que asuma la responsabilidad de diseñar políticas públicas que consideren al asunto una cuestión de salud, y no criminal, como hasta ahora. Para ello el Ejecutivo nacional tiene que impulsar la atención, inclusión, asistencia, protección y educación de los usuarios de drogas, sobre todo de los más jóvenes y pobres, considerados por la Corte como víctimas de las redes de tráfico, a las que sí, consideran, habría que combatir. Una alta fuente del Comité Científico asesor nombrado por el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, adelantó que los expertos ya tienen elaborados anteproyectos que cubrirían la demanda de los supremos: entre ellos, uno de cambios en el sistema de salud, uno de lavado y otro de control de bienes incautados y seguimiento de las rutas del dinero que produce el negocio más rentable del mundo.
Ante uno de los fallos más anunciados de los que ha tenido que resolver la Corte, el Gobierno se prepara desde hace tiempo. Fernández creó el Comité Científico hace dos años para que, tras una serie de estudios, relevamientos e incluso una encuesta a nivel nacional, elaborara proyectos de nueva legislación que cambiaran el eje: “Di orden a la policía de no perseguir más perejiles”, le dijo Fernández a este cronista cuando anunció a la sociedad –y a las cuatro fuerzas federales a su cargo–, en una entrevista, su nueva postura ante el tema en junio de 2007. “La política represiva está teniendo su fin por razones obvias”, lanzó ayer por radio. Esa política, dijo, “no ha reducido una sola de las redes de comercialización y tráfico de drogas en ningún lugar del mundo”.
Algo similar, dicho de varias maneras a lo largo de todo el fallo, argumentan los ministros de la Corte para recomendar nuevas políticas al Gobierno. Incluso jueces como Carlos Fayt, que hace 19 años votó por que el consumidor fuera castigado como primer eslabón en la cadena del tráfico, ahora considera que son víctimas y que en nada mejoró las cosas apuntar a ellos. La sintonía del histórico fallo con las posturas del Comité Científico coordinado por una ex alumna de Raúl Zaffaroni, Mónica Cuñarro, es alta. En los fundamentos se basan en los informes hechos por los cientistas sociales y juristas de ese grupo. Sus integrantes se reunirán hoy para definir “un cronograma de identificación de problemas de todo tipo” en las políticas a modificar desde el Gobierno. Uno de los más urgentes para los jueces es el consumo de paco, por el daño que produce en los chicos vulnerables y la incapacidad para atenderlos en el sistema de salud.
Los académicos saben que, a esta altura, con un fallo crítico de la inmovilidad del Estado deben proponer más que una ley de drogas que aborde el costado penal del tema. “No vamos a elevar enseguida el anteproyecto de reforma a la ley de drogas. Conforme lo dispuso la Corte, vamos primero a proponer una reforma en la asistencia, prevención y protección de los consumidores, reformas en lo educativo. Luego apuntaremos a nuevas normas para el control de los bienes incautados, la corrupción generada por el tráfico, y el control de los activos para seguir las rutas del dinero”, dijo una fuente a Crítica de la Argentina. La reforma de la ley 23.737 deberá esperar. La Corte marcó un camino. Resta ver si el Ejecutivo lo seguirá: no todos los que lo integran están de acuerdo. La Secretaría de Drogas de la Presidencia sigue controlada por el odontólogo Ramón Granero, alineado con los sectores que prefieren criminalizar el consumo. Ayer no fue un buen día para él, justo después de que su chofer personal fuera detenido por transportar casi ocho kilos de paco en una camioneta de la Sedronar.
crítica.com
